Hay titulares de prensa tendenciosos que no pretenden informar, sino que intentan intencionadamente fijar una forma de pensar.

 Hay titulares de prensa tendenciosos que no pretenden informar, sino que intentan intencionadamente fijar una forma de pensar. 

La portada que afirma que “Canarias sería insostenible sin inmigrantes” no es una mera interpretación de datos, es una afirmación de encuadre ideológico que condiciona el debate antes incluso de que empiece.

Conviene detenerse un momento porque cuando se instala esa idea concreta como una verdad de partida, todo lo demás ,cualquier abalisus o debate queda subordinado a esa premisa.

Lo primero que llama la atención es lo que no se dice en el titular. No se explica por qué Canarias necesitaría cada vez más población para sostenerse. No se analiza el modelo económico que genera esa supuesta necesidad. No se menciona que el Archipiélago lleva décadas creciendo en actividad turística, en población y en presión sobre el territorio sin que ese crecimiento haya resuelto los problemas estructurales de la sociedad canaria. Más bien al contrario.

En Canarias viven hoy algo más de 2.260.000 de personas. En paralelo, el sistema turístico genera del orden de 145 millones de pernoctaciones anuales si se suman hoteles, apartamentos y vivienda vacacional. 

Esa cifra no es insignificante porque supone una presión constante sobre infraestructuras, servicios públicos y mercado de la vivienda. 

Traducido a términos diarios, hablamos de una población flotante aproximada de 400.000 personas cada día en el Archipiélago, una cifra que por sí sola evidencia el nivel de hiperturistificación del territorio. 

Sin embargo, a pesar de ese volumen de actividad, el desempleo estructural se mantiene en torno al 14%, la temporalidad en determinados sectores supera el 60% y mas de 217 mil jóvenes canarios se han marchado en estos años porque no encuentran aquí un proyecto de vida digno, viable ni estable en el país. 

Ese es el contexto real sobre el que se lanza el titular.

Cuando se afirma que Canarias no podría sostenerse sin inmigración, lo que en realidad se está diciendo —aunque no se afirme asíabiertamente — es que el modelo económico actual necesita un flujo constante de población para seguir funcionando. 

Pero eso no es una condición ni una necesidad real y natural del territorio, es la consecuencia directa de un diseño económico muy concreto. 

Un modelo intensivo en mano de obra, de bajo valor añadido, orientado al volumen y a la competitividad en costes, donde la variable de ajuste siempre acaba siendo el trabajador.

Si se construye una economía basada en crecer y crecer, en aumentar capacidad alojativa, en atraer más visitantes cada año, es lógico que se necesiten más trabajadores. 

Si las condiciones laborales no son suficientemente atractivas o estables para la población local, el sistema buscará esa mano de obra fuera. No por vocación social, sino por necesidad funcional. Es un mecanismo económico colonial bastante conocido.

Bajo esta dinámica, la población canaria importa poco o nada. Lo prioritario no es su calidad de vida y bienestar ni ofrecer oportunidades de progreso. El objetivo es sostener un crecimientos económico que extraiga riquezas de la explotación del territorio. Su gente , el pueblo canario con más de 2000 años de existencia en las islas no adquiere importancia ni protagonismo. Su capacidad de decisión sobre su destino está anulada sin más debate.

El problema aparece cuando esa dinámica se presenta como inevitable y, además, se envuelve en un discurso moral que pretende desactivar cualquier cuestionamiento. 

Porque inmediatamente se desliza la idea de que poner límites equivale a rechazar a las personas, que hablar de regulación es insolidario o que señalar los efectos negativos del modelo es poco menos que una falta de agradecimiento.

Ese planteamiento no es honesto en absoluta por quienes intentan embarrar el debate. 

La inmigración forma parte de cualquier sociedad abierta y dinámica hasta cierto punto. El problema es el papel que se le asigna dentro de un modelo económico desequilibrado. 

Cuando se convierte en la pieza que permite sostener un sistema que no funciona para su propia población canaria. En este punto es donde el debate se vuelve incómodo, porque obliga a mirar más arriba.

Canarias no decide plenamente su modelo económico. Forma parte de un marco jurídico y económico que limita su capacidad de actuación en cuestiones clave como la libre circulación, el mercado de capitales o determinadas políticas laborales. 

Pero al mismo tiempo, sí existen márgenes de decisión en planificación territorial, vivienda, fiscalidad o regulación turística que no se han utilizado con la contundencia necesaria. Entre lo que se puede hacer y lo que no se hace hay un espacio político que no puede ignorarse.

Lo que se percibe cada vez con más claridad es una desconexión entre el modelo que se impulsa y las necesidades reales de la sociedad canaria. 

Se ha normalizado un crecimiento que no mejora la calidad de vida de forma proporcional. Se ha asumido como inevitable la dificultad de acceso a la vivienda. Se ha aceptado que el empleo sea precario. Ahora se añade una nueva capa al relato, que además debemos sentirnos agradecidos porque ese mismo sistema es el que nos “permite existir”.

Ese es el salto que resulta difícil de aceptar.

Porque el pueblo canario no es una categoría administrativa de #residentes intercambiables. Es una comunidad con continuidad histórica, con arraigo en su territorio y con derecho a desarrollar su proyecto de vida en condiciones de dignidad.Reducirlo a una variable dentro de un sistema productivo es una forma de invisibilizarlo políticamente.

Cuando se invisibiliza al sujeto político, desaparece también la pregunta por quién decide.

¿Quién decide que el modelo debe seguir creciendo?

¿Quién decide cuánta población puede asumir el territorio sin colapsar sus servicios?

¿Quién decide las reglas del acceso a la vivienda?

¿Quién decide que la solución a los desequilibrios sea siempre aumentar el volumen en lugar de cambiar la estructura?

La sensación de que esas decisiones no se toman aquí no es casual. Tiene que ver con una realidad compleja en la que confluyen intereses económicos, marcos normativos superiores y una falta de debate estratégico profundo en la propia sociedad canaria.

Desde una perspectiva de país, el enfoque debería ser otro. No se trata de discutir si Canarias puede existir sin inmigración. Esa es una pregunta mal planteada. Se trata de analizar qué modelo económico necesita Canarias para garantizar estabilidad, bienestar y equilibrio territorial, y cómo encaja la inmigración dentro de ese modelo, no como muleta estructural, sino como parte de una planificación coherente.

Regular la residencia en un territorio limitado es sentido común. Proteger el acceso a la vivienda en un contexto de escasez es gestión. Apostar por sectores de mayor valor añadido es una necesidad si se quiere romper la dinámica de dependencia del volumen turístico.

El verdadero debate es demográfico, es político y económico. Porque una sociedad que necesita crecer constantemente en población para sostener un modelo económico que no garantiza unas condiciones dignas a quienes ya viven en ella no tiene un problema de falta de gente. Tiene un problema de diseño que a diferencia de lo que sugieren algunos titulares, sí puede cambiarse y debe cuestionarse con urgencia. 

Liberacion Canaria