ESTATUS PTU PARA PROTEGER CANARIAS

Ca
narias vive hoy una presión demográfica que ningún territorio archipielágico del mundo podría soportar.

Estamos en los puestos más altos a nivel mundial de la densidad poblacional superando cualquier expectativa.

A la llegada constante de población europea y extracomunitaria —amparada por la libertad de circulación del Mercado Único y por el marco Schengen— se suman los flujos que recibe por mar desde África.

Tres vías simultáneas que empujan a un territorio pequeño, limitado y con recursos frágiles a una situación que no puede gestionar.

El problema es la gente que llega en exceso , sean procedentes del Estado Español, de la Unión Europea, Extracomunitarios o desde el continente africano, van generando una carga de sobrepoblación que resulta insostenible, afecta a la calidad de vida y la cohesión social.

La limitación territorial junto a la escases de vivienda y la alta demanda unida a que Canarias no puede regular ni limitar nada, porque el estatus de Región Ultraperiférica (RUP) se nos obliga a cumplir todas las reglas de la Unión Europea como si fuéramos territorio continental y eso, para un archipiélago en mitad del Atlántico, es insostenible en el presente y futuro.

El cambio al modelo PTU (País y Territorio de Ultramar) es una fórmula jurídica, un acuerdo de asociaciòn especial que ya existe en la UE, desde 1957, perfectamente legal y diseñada para territorios de Ultramar Archipielágicos que necesitan capacidad para proteger su equilibrio poblacional, su territorio, su mercado laboral y su vivienda.

¿Qué permitiría el PTU?

Algo muy sencillo como regular quién puede establecerse, en qué condiciones y en qué volumen, igual que hacen otros territorios europeos extracomunitarios.

Con ese marco, Canarias podría fijar límites de residencia adaptados a su capacidad real.

Frenar la llegada indiscriminada de europeos que hoy se instalan sin restricciones.

Se podría evitar la especulación inmobiliaria alimentada por población flotante, proteger el empleo local y reducir la presión sobre vivienda, agua, energía y servicios públicos.

Además, el PTU permitiría negociar relaciones de vecindad con África, sin pasar por el filtro de Bruselas, reforzando la cooperación en origen y disminuyendo la salida de personas hacia nuestras costas.

En pocas palabras, el PTU no es cerrar puertas, es recuperar el derecho a organizar nuestro propio futuro porque Canarias no puede seguir funcionando con reglas hechas para países continentales.

Necesitamos un marco que entienda nuestra realidad geográfica, demográfica y económica.

Sin ese cambio, la presión migratoria y la sobrepoblación seguirán aumentando, y la calidad de vida de la gente que vive aquí —los que ya están y los que llegan— seguirá empeorando.

El PTU es una herramienta de equilibrio. Un mecanismo para que Canarias deje de soportar sola una carga que no le corresponde

Es decir, una vía para que volvamos a tener capacidad de decisión pero , sobre todo, una oportunidad para garantizar un futuro ordenado, sostenible y digno para nuestra tierra.
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