Hasta hace sorprendentemente poco, al casarse muchas mujeres quedaban legalmente absorbidas en la identidad de su marido en Estados Unidos… y los restos de esa lógica todavía influyen en tu vida hoy.
La doctrina jurídica se llamaba “coverture”.
Bajo la coverture, que Estados Unidos heredó del derecho consuetudinario inglés, la identidad legal de una mujer casada podía quedar subordinada y fusionada, en gran medida, con la de su esposo.
Al nacer, una niña estaba bajo la autoridad legal de su padre. Al casarse, su personalidad jurídica podía quedar “cubierta” por la de su marido: su identidad quedaba subsumida en la de él.
El marido y la mujer pasaban a ser “una sola persona” ante la ley.
Y, en la práctica, esa “persona” era el marido.
No era una metáfora. Era una realidad jurídica con consecuencias devastadoras.
Porque, con ese marco, muchas mujeres casadas no podían:
Tener propiedad a su nombre
Firmar contratos
Gestionar negocios
Demandar o ser demandadas en su propio nombre
Conservar íntegramente sus salarios
Hacer testamentos con plena autonomía
Servir en jurados en igualdad de condiciones
Una mujer casada podía no poseer nada. Ni su ropa. Ni sus joyas. Ni el dinero que ganaba. Ni la herencia de su familia. Legalmente, todo podía quedar bajo control del esposo.
Si trabajaba y cobraba un salario, él podía reclamarlo. Si heredaba bienes, podían pasar a su esfera en el momento del matrimonio, según las normas vigentes en cada lugar y época.
También podía perder casi por completo el control sobre su vida familiar. Si se iba de casa —por cualquier motivo, incluso por maltrato— podía quedarse sin ver a sus hijos. Durante mucho tiempo, la custodia y la autoridad paterna se inclinaban de forma abrumadora hacia el marido.
Y había algo todavía peor: derechos limitados sobre su propio cuerpo.
Durante siglos, el matrimonio se entendió como una autorización permanente al acceso sexual del marido. Retirar el consentimiento no se reconocía como un derecho propio. Con esa lógica, la violación dentro del matrimonio fue durante mucho tiempo una “imposibilidad” legal en distintos estados: si la ley no reconocía la negativa, tampoco reconocía el delito.
El control del marido sobre su esposa, en algunos contextos, solo se detenía ante la muerte. No se reconocía que pudiera matarla, pero sí se toleraban formas de “corrección” o violencia doméstica bajo argumentos de autoridad marital, incluso cuando hoy nos parecen inaceptables y brutales.
Una mujer casada podía ser golpeada, violentada, despojada de su salario y herencia, y separada de sus hijos, todo dentro de un sistema que la trataba como una persona de segunda.
Porque, para la ley, su identidad podía no ser plenamente independiente.
Y esto no es historia antigua. Esto fue derecho en Estados Unidos.
Entonces, ¿cuándo terminó?
La respuesta corta: no terminó de golpe, y sus efectos no desaparecieron por completo.
La coverture empezó a desmoronarse a mediados del siglo XIX con las Leyes de Propiedad de las Mujeres Casadas, que permitieron a muchas mujeres casadas poseer bienes en determinadas circunstancias. A comienzos del siglo XX, la mayoría de los estados ya habían reformado algunas de las disposiciones más extremas.
Pero el reconocimiento pleno y práctico llegó mucho más tarde de lo que mucha gente imagina.
En el acceso a jurados, por ejemplo, durante décadas se excluyó a las mujeres o se les permitió participar solo con excepciones, exenciones o registros especiales. En muchos lugares, esa normalización de la presencia femenina en jurados no se consolidó hasta los años 60 y 70, cuando se fueron derribando políticas y prácticas que las mantenían fuera.
En el crédito, 1974 marcó un punto de inflexión: se prohibió la discriminación por sexo o estado civil en operaciones de crédito, lo que redujo barreras que durante años habían hecho común exigir la firma o el respaldo de un hombre.
En cuanto a la violencia sexual dentro del matrimonio, el cambio fue todavía más reciente: en 1993, la violación conyugal pasó a estar tipificada como delito en los 50 estados, al menos en alguna parte de sus códigos penales, aunque no siempre con el mismo trato o las mismas condiciones que fuera del matrimonio.
Y en anticoncepción, el Tribunal Supremo de Estados Unidos protegió el acceso para parejas casadas en 1965, invalidando leyes estatales que lo prohibían.
Y el “fantasma” de la coverture todavía se nota hoy.
Cuando compras una vivienda o firmas ciertos documentos como mujer casada, puedes encontrarte con reglas antiguas sobre consentimiento del cónyuge o firmas obligatorias que no siempre se aplican de forma simétrica.
El sistema fiscal también conserva ecos: la presunción de declarar conjuntamente y las penalizaciones o complicaciones asociadas reflejan una historia en la que el matrimonio se trató como una sola unidad legal.
Derecho laboral, prestaciones, administración de beneficios, decisiones médicas: el marco histórico de la coverture influyó en todo esto, y su sombra permanece en normas, formularios y costumbres.
¿La suposición automática de que una mujer toma el apellido del marido? Eso es un símbolo heredado de aquella lógica. Nunca fue una obligación universal por ley: fue una señal social de “unidad” entendida como absorción, tan normalizada que se volvió costumbre.
Incluso cuando un formulario te pide identificar al “jefe del hogar”, estás viendo lenguaje que presupone que una sola persona representa legalmente a la familia.
Piénsalo: durante gran parte de la historia de Estados Unidos, millones de mujeres casadas no fueron tratadas como personas plenamente independientes ante la ley.
Su trabajo, su cuerpo, sus hijos, sus bienes… quedaban subordinados a la autoridad del marido.
Y esto no era una rareza. Era lo aceptado. Lo “natural”. Así funcionaba el matrimonio en términos jurídicos.
Cuando las sufragistas lucharon por el voto, también luchaban contra un sistema que asumía que las mujeres casadas no podían sostener opiniones políticas separadas de las de sus maridos.
Cuando las mujeres lucharon por la propiedad, por sus salarios, por la custodia, por negarse dentro del matrimonio, por firmar contratos, por crédito a su nombre, por ser reconocidas como personas… estaban desarmando, pieza por pieza, siglos de doctrina que las había reducido.
Ninguno de esos derechos “se regaló”. Se ganó.
Y algunos se ganaron hace muy poco.
Si eres una mujer nacida antes de 1974, naciste en un país donde el acceso al crédito podía estar condicionado por tu estado civil y por la aprobación masculina.
Si naciste antes de 1993, naciste en un país donde la violación dentro del matrimonio todavía no estaba reconocida como delito en todos los estados.
La “no existencia” legal plena de las mujeres casadas no es historia remota. Es la vida de tu abuela. Es la vida de tu madre. Para algunas, es su propia vida.
La coverture explica mucho de por qué la desigualdad persiste. Si la ley negó durante siglos la independencia jurídica de las mujeres, y eso cambió de forma gradual y reciente, ¿es raro que las actitudes sociales vayan por detrás?
Si durante tanto tiempo las mujeres casadas no pudieron emprender o poseer bienes con libertad, ¿es raro que aún haya brechas en propiedad y liderazgo?
Si el control sobre los salarios llegó tarde y con obstáculos, ¿es raro que persistan desigualdades económicas?
Si la violencia sexual en el matrimonio fue tolerada por el sistema durante tanto tiempo, ¿es raro que todavía nos cueste construir una cultura de consentimiento clara?
El fantasma de la coverture sigue rondando. Moldea leyes, instituciones y expectativas sobre matrimonio, familia y roles de género.
Vivimos en su sombra aunque la mayoría ni conozca el nombre ni lo reciente de su erosión.
De la absorción legal a la personalidad parcial, y de ahí a una igualdad todavía en construcción: la caída de la coverture es la historia de mujeres luchando por ser reconocidas como seres humanos ante la ley.
Y esa lucha no está cerrada. Porque la coverture no se abolió con un solo decreto: se fue desarmando con reformas, sentencias y derechos conquistados, uno por uno.
Sus restos siguen incrustados en sistemas legales, expectativas sociales y prácticas institucionales.
La próxima vez que veas un formulario que presupone un “jefe del hogar”, o un trámite que exige firmas conyugales, o una presión social para cambiar el apellido al casarte, estás viendo esa herencia.
El fantasma de la doctrina que trató a las mujeres como “no personas” jurídicas plenas.
Hoy es más tenue. Pero todavía está ahí.
Y reconocerlo es el primer paso para, por fin, dejarlo atrás.
Fuente: Encyclopaedia Britannica ("Coverture", s. f.)
