Tal día como hoy pero en 1934 el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys, proclamaba el Estado Catalán, dentro de la República Federal Española.
La proclamación del Estado Catalán se produjo durante la profunda crisis que la Segunda República padecía en el inicio del otoño de 1934 con la entrada de la CEDA en el Gobierno, hasta entonces en manos de los republicanos radicales y desde la victoria electoral del centro-derecha en el otoño anterior, y que desencadenaron la Revolución de Octubre. La izquierda española y el nacionalismo catalán consideraban a la gran formación de la derecha como antirrepublicana y anticatalanista. Estas consideraciones deben ser entendidas en otro marco mucho más general sobre los temores a raíz de la ocupación del poder por parte del nazismo y por el auge de las soluciones fascistas y autoritarias en gran parte de Europa.
En Cataluña, uno de los principales propósitos del presidente Companys era la de realizar una reforma agraria adaptada a las especificidades del campo catalán, en el que miles de pequeños agricultores dedicados al cultivo de la uva, no disponían de la propiedad de la tierra, sino que la cultivaban bajo contratos a largo plazo que dependían de la vida de las viñas (rabassa morta). La Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el parlamento catalán el 21 de marzo de 1934 no llegó a aplicarse porque fue anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales y la negociación posterior entre los gobiernos español y catalán se vio interrumpida por la Revolución de octubre de 1934. Esta anulación creó una grave crisis política entre Madrid y Barcelona. La respuesta de la Generalidad de Cataluña fue retirar de las Cortes Generales a los 18 diputados de la Esquerra Republicana de Cataluña, acompañados de los 12 del PNV, y proponer al Parlamento de Cataluña una ley idéntica que fue aprobada el 12 de junio, lo que constituía un grave desafió al gobierno y al Tribunal de Garantías Constitucionales.
Los socialistas y los republicanos de izquierda apoyaron a la Generalitat. Indalecio Prieto afirmó en las Cortes que los socialistas nunca dejarían sola a Cataluña, «porque con ella estará todo del proletariado español». Por su parte Manuel Azaña se refirió al «pueblo catalán herido en sus íntimos sentimientos de nacionalidad, de tierra y de lengua» por la sentencia y proclamó que Cataluña era «el último bastión que la queda a la República» y la Generalitat «el último poder republicano que queda en pie en España», mientras el conflicto entre el gobierno central y la Generalitat provocó una considerable exacerbación del nacionalismo catalán.
El día 4 de octubre se formaba un nuevo Gobierno presidido por Lerroux, en el que entraron ministros de la CEDA y el día 5 la UGT y el PSOE pusieron en marcha la huelga general que pretendía paralizar el país pero que terminó siendo un fracaso en casi todas las ciudades porque la organización fue muy deficiente, con la excepción de Asturias.
En Cataluña la Alianza Obrera declaró también la huelga general, pero no contaba con el apoyo de la poderosa CNT porque consideraba que no había diferencia entre unos políticos y otros. En todo caso, Barcelona se paralizó. El día 6 de octubre la Alianza Obrera organizó una manifestación hacia la Plaza de Sant Jaume. En la manifestación había pancartas en las que se reclamaba la República Catalana. Al final, se disolvió sin disturbios. Al parecer, Companys intentó hablar sin éxito con el presidente de la República Alcalá-Zamora para advertirles de la imposibilidad de poder mantener el orden con las escasas fuerzas que tenía la Generalitat.
A las ocho y diez de esa tarde el presidente Companys salió al balcón de la Generalitat y proclamó "l'Estat Català de la República Federal Espanyola". Companys no había sido partidario de armar a los sindicatos y buscaba el orden, temiendo la revolución social, por lo que se había decidido con su gobierno a asumir el control de la situación. Comunicó la decisión al capitán general de Cataluña, el general Batet para que se pusiera a sus órdenes para servir a la República Federal que acababa de proclamar. El general habló telefónicamente con Lerroux, y siguiendo sus órdenes declaró el estado de guerra, según lo establecido en la Ley de Orden Público de 1933.
La resistencia se organizó en función de cada fuerza política, con barricadas y distribución de grupos armados. En la Generalitat estaban los mossos d’Escuadra. La Alianza Obrera se hizo fuerte en la sede del Fomento del Trabajo Nacional, en la Vía Layetana, y sede de la patronal catalana. Los socialistas estaban en la Casa del Pueblo de la calle nueva de San Francisco. Otro núcleo fundamental era el CADCI, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria, una asociación sindical catalana muy activa desde su fundación en 1903 y con un marcado carácter nacionalista. Pero la resistencia no pudo durar mucho. En las primeras horas de la madrugada del día 7 se habían rendido casi todos los grupos. La Generalitat se rindió a las seis de la mañana. Batet había decidido no seguir las instrucciones de Lerroux de atacar y dejó que la situación muriera por si sola en la Plaza de Sant Jaume.
En total, habían muerto en los enfrentamientos cuarenta y seis personas, casi todos civiles, aunque también perecieron ocho militares. Fueron encarceladas más de tres mil personas, muchas de ellas en el vapor “Uruguay”, para ponerlas bajo jurisdicción militar. Azaña también fue detenido porque estaba en la capital catalana para asistir a los funerales del que había sido ministro Jaume Carner.
A pesar de que gran parte de la derecha pidió mano dura en los juicios, especialmente con los militares que se habían sublevado, no fueron ejecutados y su pena conmutada por una de reclusión perpetua. Por su parte, Companys y su gobierno fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales y condenados por rebelión militar a treinta años de prisión. Unos fueron enviados al Penal de Cartagena y otros al del Puerto de Santa María.
La represión ordenada por Lerroux alcanzó a todos los centros políticos y sindicales nacionalistas y de izquierdas en Cataluña, ya que se clausuraron. Se suprimieron periódicos y publicaciones, se destituyeron corporaciones municipales enteras, y fueron detenidas miles de personas. En muchos casos las acciones fueron extremadamente arbitrarias buscando más la venganza que la aplicación de la ley.
Companys fue liberado en 1936 tras el triunfo del Frente Popular y volvió a presidir la Generalitat, cargo que ocupó durante la Guerra Civil y el exilio hasta su detención por la Gestapo, su entrega a Franco y su fusilamiento en el Castillo de Montjuïc en 1940.
Imagen: La plaza Sant Jaume en el momento en que Lluís Companys proclamó el Estat Català dentro de la República Federal Española.

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